El proceso de licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba genera más dudas que certezas. Así como están, los pliegos que salieron a la venta son un catálogo de generalidades y buenas intenciones, que no permiten evaluar si el nuevo sistema será mejor o peor que el actual, sencillamente porque no lo describen.
Se mencionan corredores troncales, secundarios, anulares, interbarriales, selectivos, diferenciales, etc., sin precisar cuáles son ni por dónde van.
Por ese motivo, en la primera sesión ordinaria del Concejo presenté un proyecto de resolución reclamando una vez más el urgente envío del Plan Integral y Estratégico de Movilidad que el Departamento Ejecutivo debió haber enviado junto a los pliegos y no lo hizo.
Se incumplió de ese modo la Ordenanza Nº 12.976 (Marco Regulatorio del Sistema Público de Transporte), cuyo artículo 107 establece expresamente que dicho plan debía enviarse junto con los pliegos, en un plazo no mayor de noventa días. Los pliegos llegaron, el plan no.
El plazo señalado venció hace rato y el plan no apareció. No se trata de un capricho ni de una cuestión formal, ya que las ofertas de los posibles interesados debieran apuntar a cumplir con el diagrama de movilidad que, supuestamente, mejorará la calidad de un servicio deficiente.
No en vano, pese a que el mecanismo de selección favorece claramente a los actuales prestadores, dichas empresas no han confirmado aún su participación. La UTA también hizo público sus reparos. Todo está en el aire, pese a que el proceso licitatorio sigue adelante.
Si bien la decisión de privatizar Tamse está tomada, al sufrido usuario le espera un vía crucis hasta que la reemplace un futuro concesionario, que, tal como están las cosas, nadie sabe cuándo será ni tampoco si alguien está dispuesto a hacerse cargo del personal, la flota desquiciada y los recorridos menos rentables que tiene la empresa.
Entre tanta incertidumbre hay al menos una certeza: tenemos el boleto más caro del país.