La distribución de los recursos fiscales entre jurisdicciones –en un país que reconoce tres niveles de gobierno- vuelve a estar en el centro del debate.
El inminente tratamiento del Presupuesto nacional para el año venidero, las pujas sectoriales y los planteos de gobernadores e intendentes por mayores fondos actualizan el tironeo por una frazada que, hasta que la economía no crezca en la medida necesaria, seguirá siendo corta. Sin embargo, lo que a priori luce como la reedición de conflictos consabidos, puede convertirse en una buena oportunidad para tomar el toro por las astas y afrontar asignaturas pendientes, soslayadas recurrentemente en nombre de épicas superiores o necesidades cortoplacistas, lo mismo da.
El régimen de Coparticipación Federal vigente, que fija las pautas de la repartija entre Nación y Provincias y el ulterior prorrateo entre las distintas jurisdicciones, data de 1988. La Constitución Nacional reformada en 1994 mandaba a sancionar una nueva Ley de Coparticipación antes de la finalización del año 1996, según lo dispuesto en la Clausula Transitoria sexta.
Pasaron veinte años y las cosas siguen igual. Mejor dicho, peor, porque sucesivas leyes, decretos, pactos fiscales y convenios de toda clase, desvirtuaron la distribución automática, que debe ser la regla, para transformar el régimen en un verdadero laberinto que incluyó un tercero en discordia: el sistema previsional.
En otras palabras, la ley de Coparticipación vigente abarca sólo una parte de los recursos fiscales, los llamados coparticipables, pero deja fuera todos los demás, los que no revisten ese carácter o están regulados por leyes específicas, cuya distribución (o no) queda al arbitrio de los gobiernos de turno. Quiere decir que además de la parte que se distribuye, hay otra parte, igual o mayor, que queda sujeta a la discrecionalidad del gobernante o sumida en zonas grises de libre interpretación de las partes, cuya dilucidación, tras recorrer el desgastante espinel burocrático suele recaer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante la última década, la provincia de Córdoba sufrió en carne propia ese sistema perverso de premios y castigos.
A nivel general, la consecuencia del inequitativo toma y daca entre jurisdicciones, es que el 54% que la Ley 23.548 reconocía a favor de las provincias se convirtió, en la práctica, en un escaso 25% de la torta, tal la lapidaria conclusión del CIPPEC (Centro de Implementación para Políticas Públicas de Equidad y Crecimiento): “El régimen presenta desequilibrios verticales y horizontales. El Estado nacional concentra el 75 por ciento de los recursos totales y las provincias y municipios el 25 por ciento restante, aunque éstas deben lidiar con la ejecución del 46 por ciento del gasto público total”.
Resulta necesario, entonces, que en lugar de seguir emparchando el viejo régimen o repartiendo a discreción, según la capacidad de lobby o poder de fuego –parlamentariamente hablando- de cada distrito, o de la mayor o menor disposición de los gobernadores a complacer al presidente en ejercicio, se dejara de lado ese interminable y desgastante regateo sancionando de una vez una Ley de Coparticipación Federal moderna y realista.
Alguien podría alegar que no es sencillo, que por algo no se logró hasta ahora, por cuanto la espinosa cuestión encierra dos pujas yuxtapuestas y hostiles a la vez: la del gobierno central con el conjunto de las provincias (distribución primaria) y, a posteriori, el repechaje de las provincias entre sí (distribución secundaria). Obviamente, ninguna de ellas estaría dispuesta a resignar su coeficiente para que otras acrecienten a su vez el suyo. Es probable, en cambio, que todas las provincias tengan argumentos valederos a su favor para reclamar más de lo que vienen recibiendo. Lo propio ocurre con los municipios.
Sin embargo, el intríngulis no es de imposible resolución: es la Nación la que debe resignar parte de lo que se queda para destrabar el juego, algo que no resulta caprichoso ni arbitrario, toda vez que acrecentó desmesuradamente su participación mientras que, como sostiene el CIPPEC, la mayoría de los servicios esenciales –salud, educación, seguridad- en la actualidad son prestados por las provincias y municipios. A su vez, los mayores índices de pobreza se registran en el interior, lejos de las sedes ministeriales que manejan frondosos presupuestos.
Por último, sería deseable que este debate pendiente viniera acompañado de una reforma impositiva que restablezca racionalidad a un sistema tributario, también manipulado “a la carta” por los sucesivos gobiernos, empeorándolo en cuanto a su regresividad y onerosidad.
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