La provincia de Buenos Aires tiene una larga tradición de quedarse con la mayor parte de todo lo que se reparte en el país, empezando por los recursos fiscales. La primera norma moderna que regula su distribución está en la Constitución Nacional de 1853. Allí se establece con claridad que el Gobierno federal contará para solventar los gastos de la Nación con el producto de los derechos de importación y exportación. De más está decir que en esa época las rentas aduaneras eran casi la única fuente de ingresos, ya que las actividades económicas productivas eran muy escasas. Los viejos impuestos coloniales (alcabala, cuatropea, etcétera) seguían vigentes pero aportaban muy poco: el país (si es que se podía llamarle así a un puñado de provincias enfrentadas entre sí) se venía financiando con empréstitos, emisiones espurias y confiscaciones de bienes a particulares. Además, la mayoría de las provincias, Córdoba incluida, tenían aduanas interiores, las que fueron eliminadas al entrar en vigencia la Constitución Nacional.
Muchos pensaban que, a partir de ese momento, los problemas de las provincias se acabarían al contar con las rentas de la Aduana. No fue así. Buenos Aires -que se apartó de la Confederación y se declaró Estado independiente en setiembre de 1852- conservó para sí el control del puerto más importante del país. Por supuesto, también se apropió de la Aduana, usufructuando en su exclusivo provecho las jugosas rentas del comercio exterior.
Recién en 1859, luego de la batalla de Cepeda que los bonaerenses perdieron a manos de Urquiza, resignaron parte de esa preciosa “caja”, aunque se aseguraron el financiamiento de su propio presupuesto durante los próximos ocho años. Según una cláusula contenida en el Pacto de San José de Flores, Buenos Aires debía girar un módico canon mensual a la famélica tesorería confederal, cosa que hizo por unos pocos meses. En noviembre de 1861 -tras la batalla de Pavón, en la que Mitre se quedó con el triunfo- la Confederación se diluyó y la poderosa Buenos Aires “nacionalizó” su hegemonía.
Desde entonces, la renta aduanera quedó en manos de la Nación, a la vez que la principal provincia argentina fue beneficiaria del proceso de concentración de riqueza y poder político que sobrevino con la llamada generación del ‘80. Además, allí se generaba el grueso de los impuestos internos a los consumos, que a fines del siglo XIX gravaban los “vicios”, como ser las casas de citas, las bebidas alcohólicas, el juego de naipes o el tabaco. Comisarios y jueces de paz ayudaban en la “recaudación”.
Más acá en el tiempo, en la década de 1930, aparecieron los grandes impuestos nacionales a los réditos y a las ventas y comenzaron a dictarse sucesivas leyes de coparticipación, o sea de reparto entre la Nación y las provincias.
En la última de ellas, en 1988, Buenos Aires dejó en el camino ocho valiosos puntos porcentuales cuya restitución ahora reclama. Muchos creen que si no se le da un biberón al estilo Fondo del Conurbano, los berridos pueden ser insoportables para toda la Nación. Otros muchos piensan que –como tantas veces- la sangre no llegará al río.
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