A lo largo de la historia, la relación de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo jalonada de idas y vueltas.
El FMI nació en 1944 tras los acuerdos de Bretton Woods para organizar y regular el orden financiero de posguerra en Occidente, hasta convertirse en un organismo global con la ulterior incorporación de países como Rusia y China. Cada país miembro cuenta con una cuota y una representación en el Directorio acorde a la misma; el socio principal son los EE.UU.
En sus revisiones, el Fondo examina las cuentas fiscales de los países deudores, recomendando según el caso medidas de ajuste y libertad cambiaria y de mercado. La intervención del FMI no es unilateral, sino a solicitud de cada país, a la vez que el default o incumplimiento suele impactar en el llamado riesgo país y ocasionar inconvenientes a los países en mora. Por cierto, el FMI es blanco de las consignas de izquierda a nivel global.
El primer gobierno peronista se abstuvo de suscribir la solicitud de ingreso. La República Argentina recién se incorporó en 1956, como miembro número 59, siguiendo el consejo de economistas influyentes como Raúl Prebisch y otros. Enseguida, recibió un préstamo de 75 millones de dólares que habilitó a su vez desembolsos del Eximbank y de otras entidades.
En las décadas siguientes, su presencia fue una constante, variando la intensidad de su intervención según la coyuntura y la mayor o menor disposición de los gobiernos de turno a recurrir a esa fuente. Entre 1956 y 2006, se firmaron 21 acuerdos, incluidos los de “Facilidades Extendidas”, de más largo plazo que los ordinarios.
En 1958 el presidente Arturo Frondizi anunció el primer Plan de Estabilización (Stand-by), que incluía medidas tales como devaluación, aumento de tarifas, libertad de precios y topes salariales. En la década de 1960 y comienzos de la siguiente, hubo sucesivos acuerdos de parecido formato, precedidos de la respectiva Carta de intención donde quedaban plasmados los compromisos asumidos a cambio de asistencia financiera.
En 1976, el Fondo avaló el plan económico del ministro Alfredo Martínez de Hoz, destrabando un giro de más 100 millones de dólares que resolvió las urgencias de la dictadura de entonces. En los años subsiguientes la deuda externa argentina se espiralizó, pasando de 7.800 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones en 1983, y la lupa de los organismos internacionales se posó en la capacidad de pago del país. La teoría monetarista en boga —acuñada por Milton Friedman, premiado con el Nobel de Economía— puso el acento en los movimientos financieros y el tipo de cambio para medir el desempeño de las economías ahora llamadas “emergentes”, y los programas del Fondo viraron en igual dirección.
El presidente Raúl Alfonsín intentó acotar las presiones de los acreedores externos y de su agente, el FMI, explorando caminos alternativos, aunque finalmente debió acatar las reglas de juego y negociar con el organismo. Sin embargo, el apoyo fue insuficiente y el plan Brady no llegó a tiempo para evitar la crisis que desembocó en la hiperinflación de 1989 y adelantó el recambio presidencial.
En la década de 1990, las sucesivas crisis de economías emergentes —México, Rusia, países asiáticos, Brasil— globalizaron la receta basada en los paradigmas consagrados en el llamado Consenso de Washington, recogidos en el plan económico basado en la libre convertibilidad del peso. En esa época, el Fondo tuvo un alto perfil, pasando del clásico monitoreo de las cuentas fiscales a la intervención lisa y llana en políticas públicas que propiciaban privatizaciones, desregulaciones y ajustes de diversa índole.
En 1992, tras un profuso intercambio de cartas de intención y negociaciones, se firmó un acuerdo de Facilidades Extendidas que rigió hasta diciembre de 1995. En el año 2000, se concretó otro acuerdo Stand-by durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que resultó infructuoso para detener la debacle de fines de 2001.
En todos estos años, los Directores Gerentes del organismo visitaron el país: Horst Kohler, estuvo en el año 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. En septiembre de ese año, a comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner se suscribió un acuerdo de tres años de duración.
En el año 2006, en el marco del llamado desendeudamiento, el país canceló su deuda de 10.000 millones de dólares, suspendiendo nuevos desembolsos del organismo y las consiguientes revisiones anuales sobre los números domésticos, que se reanudaron en el 2016.
Tras un impasse que duró hasta 2018 el Fondo —gestión Christine Lagarde— volvió a hacerse presente en el país durante la presidencia de Mauricio Macri, otorgando a la Argentina un préstamo récord de 45.000 millones de dólares, que se halla en trámite de renegociación. Pero eso ya no es historia, sino presente de final abierto…
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