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  HISTORIA DE CÓRDOBA      
La Triple A en Córdoba
 
La represión ilegal en Córdoba comenzó mucho antes del golpe militar de 1976. Córdoba era, a los ojos de los represores, una suerte de Meca de la subversión. Nuestra docta provincia se había ganado esa fama por el Cordobazo y por las fragorosas luchas obreras y estudiantiles que, antes y después de aquél, marcaron los puntos más altos de la resistencia popular a las dictaduras de turno. Por otra parte, en los años de 1970, la actividad de las organizaciones guerrilleras fue intensa en esta provincia. Baste recordar que en Córdoba nació la primera célula de Montoneros, varios de cuyos integrantes protagonizaron en julio de 1970 la toma de La Calera.

La primavera democrática de 1973 duró poco en esta provincia. A pocos meses de las elecciones de aquel año, en febrero de 1974, un golpe urdido por el jefe de Policía -el Navarrazo- derrocó a las autoridades constitucionales marcando un quiebre traumático en la historia reciente. Después, la provincia estuvo intervenida los siguientes dos años. Durante esa etapa Córdoba vivió su propio episodio represivo, quizá -precisamente por las razones apuntadas- más feroz que el que se vivía en el resto del país en la misma época. Este proceso se radicalizó cuando, pocos meses después del Navarrazo, el poder cayó en manos de la temible dupla conformada por el brigadier Raúl Lacabanne, interventor federal designado por el Gobierno nacional, y el comisario Héctor García Rey, jefe de Policía.

Pese a que aún funcionaban las instituciones, estos personajes, poco afectos a las formas democráticas, instauraron en Córdoba un verdadero "Estado policial" y consagraron todas sus energías a la caza de "infiltrados y subversivos", como se les llamaba en la jerga de los represores a quienes no pensaban como ellos. Fue una época oscura, en la que bandas de derecha hicieron "pata ancha" en sindicatos y facultades, y las delaciones y persecuciones estuvieron a la orden del día, especialmente en fábricas, universidades y reparticiones públicas. Este período coincidió con la aparición a nivel nacional de las Tres A, la organización criminal que operaba al margen de la ley, matando personas a mansalva. El fenómeno no tardó en trasladarse a Córdoba: entre las primeras víctimas cordobesas de la represión ilegal figuran Alfredo Curutchet, abogado de sindicatos y defensor de presos políticos, y Atilio López, el vicegobernador depuesto. Ambos cayeron bajo las balas de la Triple A en setiembre de 1974.

Ya por entonces, en las calles de Córdoba se vivía un clima de violencia latente; los atentados se sucedían a diario y la seguridad personal era apenas una ficción. Esa espiral de intolerancia fue en aumento y, concomitantemente, la represión ilegal se desplegó en toda su magnitud en el año 1975. Uno de los primeros atentados intimidatorios fue, en enero de aquel año, la voladura de la planta impresora de La Voz del Interior, que en ese entonces estaba en el barrio de Alta Córdoba. "Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses", era la amarga conclusión del editorial de ese mismo diario del día 15 de marzo de 1975.

En los meses siguientes se sucedieron los atentados, ataques y actos ilegales contra organizaciones y militantes populares, que, por supuesto, no fueron aclarados ni siquiera investigados. El pico de esta escalada represiva se vivió en el mes de agosto, cuando varios integrantes de la familia Pujadas -la de Mariano Pujadas, uno de los presos fusilados en Trelew en 1972- fueron secuestrados en medio de la noche, ametrallados y sus cuerpos, tras ser arrojados a un pozo, volados con explosivos.

Los "Libertadores de América". Aún faltaban varios meses para el golpe militar y ya funcionaba a pleno el tristemente célebre Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A.

"Las tres A no operan en Córdoba, aunque sí lo hacen otros grupos extremistas", afirmó el brigadier Lacabanne ante una consulta periodística en agosto de 1975, horas después del asesinato de la familia Pujadas. Esta frase, en boca de quien ejercía el poder, equivalía a una confesión. Él sabía mejor que nadie que, en efecto, la organización que tenía a su cargo la represión ilegal en Córdoba no era la Triple A sino el llamado Comando Libertadores de América. Si bien los propósitos de ambas organizaciones eran los mismos, tenían distinta configuración interna y modalidades operativas diferentes. "Aunque muchos hacen la equivalencia del Comando Libertadores de América con la Triple A, en realidad la trascendía, porque en él se mezclaban militares con policías y comandos civiles", advierte Mariano Saravia en La sombra azul. Posiblemente esa, la mixtura entre militares en actividad, policías y civiles, haya sido la característica distintiva del comando cordobés.

Tampoco se tiene constancia de que la banda cordobesa reportara a José López Rega, como sí ocurría con la Triple A. Sea como fuere, en Córdoba los secuestros, atentados y asesinatos que caracterizaban el accionar de las Tres A en el orden nacional corrieron por cuenta del mencionado Comando, cuyo organizador y jefe operativo era un capitán del Ejército llamado Héctor Vergez, que usaba el alias de "Vargas".

Este militar retirado se desplazó a Córdoba a mediados de 1975 para poner en marcha la represión ilegal en esta provincia. Junto con él arribó un oscuro suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, quien en poco tiempo fue puesto a la cabeza del D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionaba en la Central de Policía, en el edificio del Cabildo Histórico frente a la plaza San Martín. Telleldín es el padre de Carlos Telleldín, implicado años más tarde en la voladura de la Amia.

Allí, en las dependencias del D2, en el pasaje Santa Catalina, se interrogaba y torturaba a los detenidos que luego eran derivados a la cárcel de San Martín o al campo de La Rivera, el primer centro de detención clandestino de la provincia, que funcionaba en las inmediaciones del cementerio San Vicente. El modus operandi del Comando era siempre el mismo: actuando de madrugada, vestidos de civil, en vehículos sin identificación y portando armas largas, sus miembros ignoraban las leyes y cometían toda clase de tropelías.

Por aquellos días, se tenía la firme sospecha de que estos sujetos utilizaban locales de sindicatos intervenidos como base de operaciones e, incluso, algunas instituciones oficiales, como el Banco Social. Por supuesto, contaban con la impunidad que emanaba de los estamentos de poder vigentes. Tampoco se conocían sus nombres verdaderos, sólo los alias o los nombres de guerra. Las autoridades policiales y militares de entonces negaban cualquier vinculación con estas bandas, pero no las investigaban ni las perseguían.

Según múltiples testimonios de detenidos y víctimas de la represión en ese tiempo, integraban aquella fuerza ilegal, además de los nombrados, militares retirados y en actividad, policías, ex policías y varios civiles. Los más mencionados en esos testimonios son, entre los militares, el coronel "Nono" Bolacini, el sargento primero Luis Alberto Manzanelli, el mayor Gustavo von Diedrich, el mayor retirado Ernesto Guillermo Barreiro y el suboficial Hugo Herrera, alias "Quequeque". Mientras que entre los civiles se repiten los nombres de Ricardo Lardone, Arnaldo José "Chubi" López, Ricardo Luján, Jorge "Palito" Romero y Jorge Pereyra, "el hijo de la Tía". Todos ellos de ideología derechista y anticomunistas confesos.

La conexión operativa de este grupo con el Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, cuya jefatura ejercía en esa época el general Luciano Benjamín Menéndez, está probada y forma parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba. En realidad, existen elementos suficientes como para afirmar que ambas estructuras, la ilegal y la formal, la clandestina y la regular, actuaban en el marco de una estrategia única y bajo una conducción unificada. Los grupos de tareas conformaban una organización paralela, subsumida en la estructura policial, pero que respondía a sus propios mandos.

Los secuestros de personas en Córdoba también son anteriores al golpe de 1976. Según consta en el Informe de la Delegación Córdoba de la Conadep, comenzaron en 1975 y se incrementaron notablemente sobre fines de aquel año. En una sola noche, la que va del 7 al 8 de enero de 1976, hubo una veintena de secuestros, contándose entre las víctimas, que jamás aparecieron, delegados gremiales, profesionales y estudiantes secundarios y universitarios, entre ellos las hermanas Gloria y Norma Waquim, arrancadas de su hogar en barrio San Martín. Los secuestros continuaron en febrero y marzo.

En síntesis, el Comando Libertadores de América, remedo cordobés de la Triple A, funcionó a pleno hasta el golpe del 24 de marzo de 1976. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas asumieron por completo la tarea represiva, aunque muchos de los integrantes de aquellas organizaciones ilegales se incorporaron a los grupos de tareas que actuaron en los años siguientes bajo las órdenes de los mandos militares.