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  HISTORIA ARGENTINA      
La corrupción en la Historia Argentina
 

La corrupción asociada al ejercicio del poder existe desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, su registro histórico no es tan potente como el provisto por la política o las guerras. Lo que sigue es una breve reseña –en absoluto exhaustiva- siguiendo la línea del tiempo de la historia argentina.

En la época colonial existía el llamado juicio de residencia, un procedimiento al que eran sometidos los virreyes y principales funcionarios que formaban parte de la frondosa burocracia española. Consistía, básicamente, en “contar las costillas” a quienes finalizaban sus funciones para verificar que no se hubiesen quedado con algo que perteneciera al rey. No hay registro de casos resonantes de esa etapa, lo que no quiere decir que no hubiera corrupción.

Después de 1810, se juzgaban las acciones de guerra. Por ese filtro debieron pasar Manuel Belgrano y Juan José Castellli, ambos por sus respectivos desempeños al frente del Ejército Auxiliar del Norte y las derrotas cosechadas en el Alto Perú. Belgrano zafó, en tanto que Castelli falleció sin haber sido sobreseído.

El mismísimo San Martín se vio envuelto en un malentendido por una cuenta que él y O’Higgins mandaron a abrir en Londres para depositar supuestas comisiones, un episodio que Mitre llamó “el punto negro” del prócer.

En la década de 1820, Bernardino Rivadavia estuvo en el centro de algunas operaciones públicas de dudosa transparencia: la enfiteusis, el empréstito de la Baring Brothers y la concesión a una firma inglesa de las minas de Famatina, entre otras, aunque no fue juzgado por esos hechos. Su ocaso y el largo exilio que le siguió, obedeció a razones políticas antes que éticas.

Los primeros presidentes constitucionales -Mitre, Sarmiento, Avellaneda- no debieron transitar por tribunales de la época ni enfrentaron denuncias de corrupción, aunque Mitre pasó varios años en la cárcel por sedición. Julio Argentino Roca fue criticado por la distribución arbitraria y dispendiosa que su hermano Ataliva hizo de las millones de hectáreas ganadas al desierto tras la expedición a tierras aborígenes.

El presidente siguiente, Miguel Juárez Celman, estuvo en el ojo del huracán por las derivaciones de la especulación financiera que reinó durante su mandato y el posterior default. Cayó en 1890, desestabilizado por un levantamiento cívico militar, sin pasar por los estrados judiciales.

Un caso que conmovió hondamente a la opinión pública fue el juzgamiento por supuesta mala praxis de los responsables de la construcción del dique San Roque.

Víctimas de intereses corporativos de ese tiempo, ligados al negocio cementero, fueron a parar a la cárcel Carlos Cassafousth y Juan Bialet Massé. Finalmente fueron absueltos, pero quedaron injustamente lesionados en su honor.

Siglo XX cambalache
Tras ser derrocado en 1930, Hipólito Yrigoyen fue investigado por el gobierno golpista que creó una comisión especial para detectar supuestas irregularidades administrativas. Según el historiador Félix Luna, Yrigoyen fue indagado y se le dictó prisión preventiva, hasta que resultó indultado en febrero de 1932. Más tarde se lo volvió a recluir en la isla de Martín García, esta vez acusado de conspirar contra el régimen.

Durante la llamada década infame, pródiga en maniobras fraudulentas, ninguna causa prosperó en la Justicia, que obviamente estaba al servicio del régimen. En 1935, el entonces senador Lisandro de la Torre logró sentar en el banquillo de los interpelados a dos prominentes ministros del gobierno de Agustín P. Justo, para responder acerca de los negociados de la carne y los frigoríficos, que al final quedaron en la nada. Otros casos que conmovieron a la opinión pública en esa década fueron la venta fraudulenta de las tierras de El Palomar y la generosísima extensión de la concesión de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) por parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Y el más impactante de todos: el escándalo de los niños cantores de la Lotería Nacional, que “cantaban” números premiados elegidos previamente, a comienzos de la década del ’40.

La remota cárcel de Ushuaia, por esos días el penal de máximo seguridad del país, estaba poblada de presos políticos y asesinos seriales, pero ningún penado por actos de corrupción en ejercicio del poder.

Durante la década peronista (1945-1955) hubo numerosas denuncias contra el gobierno, lanzadas desde la oposición. Varios personajes de la época estuvieron bajo sospecha, entre ellos el cuñado presidencial, Juan Duarte, quien apareció muerto en su departamento poco después del fallecimiento de su hermana, Eva Perón, cuando había caído en desgracia.

Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, los autores del golpe de Estado crearon la Comisión Nacional de Investigaciones, que se abocó con frenesí a encontrar evidencias de malversaciones y peculados durante sus dos presidencias. La Comisión presidida por el contralmirante Leonardo McLean -repartida en varias subcomisiones de otros tantos supuestos ilícitos- fue el más empeñoso intento en obtener pruebas que finalmente no aparecieron, diluyéndose las acusaciones en la publicación del Libro Negro de la Segunda Tiranía. La causa de estupro que fue abierta por esos días se mantuvo viva durante varias décadas, además de las de incitación a la violencia y ataque a la religión.

Un coletazo de ese período produjo una novedad policial resonante: el asesinato del abogado Marcos Satanowsky, vinculado al desapoderamiento de la familia propietaria del diario La Razón durante la Revolución Libertadora, un hecho magistralmente reconstruido por Rodolfo Walsh.

El presidente Arturo Frondizi, tras ser depuesto por los militares, guardó prisión durante dieciséis meses, sin que se le formularan cargos ante la justicia, pese a que se lo acusaba de negociados con relación al petróleo y otras cuestiones. Arturo Umberto Illia no tuvo denuncias en su contra.

María estela Martínez de Perón fue destituida por otro golpe de Estado en 1976. Fue sometida a un exhaustivo rastreo de ilícitos, sobre todo en el manejo de la llamada Cruzada de Solidaridad Justicialista y el famoso cheque librado por esa fundación, que le valió una condena de ocho años de prisión. “Isabelita” estuvo cinco años presa.
El llamado Proceso de Reorganización nacional, que asoló el país entre 1976 y 1983, fue prolífico en actos de corrupción, cuyo resultado fue la más que sextuplicación de la deuda externa, que pasó de 7.000 millones d a 45.000 millones de dólares. En medio, negociados espurios como la construcción de las autopistas en la ciudad de Buenos Aires, la organización del Mundial de Fútbol 1978 y el vaciamiento de entidades financieras y apropiación ilegal de empresas, como la firma Mackentor en Córdoba.

Hasta hoy, se juzga la violación de derechos humanos y el terrorismo de Estado, pero no la corrupción cometida durante la dictadura cívico militar.
Raúl Alfonsín se vio rozado por causas tales como los pollos de Mazzorin, los galpones de Tierra del Fuego y la gestión del Banco Hipotecario Nacional, entre otras que terminaron por cerrarse sin detenidos.

De la década menemista se recuerda –entre otros- el escándalo de los guardapolvos de Bauzá, la partida de leche en mal estado, el affaire IBM-Banco Nación y, concluido el mandato de Carlos Saúl Menem, los enjuiciamientos de la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, del extitular del PAMI Víctor Alderete y del exsecretario General de la Presidencia Alberto Kohan. El propio Menem fue detenido en el marco de la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador.

Fernando De la Rúa fue procesado por la rimbombante causa de las coimas del Senado, supuestamente pagadas durante su presidencia para obtener la sanción de la ley de Reforma Laboral que, entre otros efectos, provocó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez.

Los casos de corrupción denunciados durante la última década, por ser más recientes, son más conocidos y algunos de ellos ocupan por estos días la tapa de los diarios.

En síntesis, podría decirse que, en general, los casos señalados en esta sucinta reseña fueron procesos más mediáticos que judiciales, con consecuencias políticas antes que penales. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces.